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Sobre las Tasas judiciales en el ámbito del Derecho de familia en España


El 21 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2012, de 20 noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Amparada en la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia 20/2012, de 16 de febrero), su finalidad es la de garantizar la suficiencia de recursos del sistema judicial y, concretamente, la financiación de la justicia gratuita protegida por el artículo 119 de la Constitución Española. Por este motivo, para garantizar la justicia gratuita a aquellos que acrediten «insuficiencia de recursos para litigar», es necesario que los ciudadanos con recursos suficientes paguen los servicios que reciben de la Administración de Justicia. En el párrafo tercero del Preámbulo lo establece así: «El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia». No obstante, la ley intenta que esa obligación de pagar una tasa no impida o dificulte el derecho a acceder a la justicia contemplado en el artículo 24 de la CE.

Aunque la regulación de la tasa tiene un valor recaudatorio, la ley también le da un valor procesal. Debido al gran gasto y a la acumulación de expedientes judiciales, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Con ello pretendía dar «una mayor tutela judicial de los derechos de los ciudadanos» y abaratar los costes que suponen los pleitos cuya solución se puede encontrar por otros medios extrajudiciales como la Mediación. En el caso de las tasas, la ley prevé la devolución de la cuota de la tasa cuando «se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte de los costes de la prestación de servicios». Es decir, cuando se inicia un proceso judicial, si las partes acuerdan acudir a una vía extrajudicial como el arbitraje o la mediación, el Secretario Judicial efectuaría la devolución de la cuota de la tasa. De igual manera se procedería la devolución de la tasa cuando se inician varios procedimientos judiciales y las partes deciden unificarlos. Nuevamente vemos la intención del legislador por fomentar e incentivar la Mediación y otros métodos o técnicas de resolución de conflictos para dejar la vía judicial como último recurso.

¿Qué ámbito geográfico tiene valor la tasa?

El artículo 1 de la ley establece que tiene un carácter estatal, por lo que se exigirá a todos los ciudadanos que deseen acceder a la Administración de Justicia en territorio español. No obstante, está prohibido que una Comunidad Autónoma exija el pago de la misma tasa.

¿En qué casos se paga la tasa?

Dentro del ámbito del derecho de familia, se pagará en los siguientes casos (art. 2):

a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención.

d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.

e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación.

f) La interposición de recursos de suplicación y de casación.

g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

En el caso de aquellos procesos en los que tengan por objeto los alimentos entre parientes mayores de edad, se paga 150 € más el 0,1 % de la cantidad económica de los alimentos. No puede sobrepasar los 2000 €.

También se pagará en aquellos casos en los que están exentos pero una o ambas partes se oponen. Tal es el caso de oponerse al inventario de una herencia, a la ejecución de una sentencia, etc.

¿Cuándo no hay que pagarla?

Fundamentalmente cuando se interponga una demanda o recurso referido a procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores que están regulados en el Título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil; cuando se trate de la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas; en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración; y los procedimientos de división judicial de patrimonios. También están exentos para aquellos procedimientos que se solucionan mediante Auto y por mutuo acuerdo.

Cuando se trata de procedimientos de división de herencia o liquidación de gananciales, no se pagará tasa siempre y cuando no se oponga nadie a los resultados del inventario o del cuaderno particional. En caso contrario, el que se oponga tendrá que pagar la tasa en función del valor total del inventario o cuaderno particional.

   

¿Quién ha de pagarla?

Todo aquel que acuda a la Administración de Justicia e inicie un procedimiento. Puede pagarlo directamente el ciudadano o por medio del abogado o procurador.

¿Qué personas están exentas de pagar la tasa?

Por un lado todas aquellas personas que acrediten tener derecho a la asistencia jurídica gratuita y, por otro lado, la Administración pública (Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas), las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.

¿En qué momento hay que pagar la tasa?

Dentro  del orden jurisdiccional civil, ha de pagarse la tasa cuando: a) se interponga un escrito de demanda; b) en la formulación del escrito de reconvención; c) al interponerse un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal, de casación y; d) en el momento de presentar una oposición a la ejecución de títulos judiciales.

¿Sobre qué cantidad se calcula la tasa?

Según el artículo 6 de la Ley, «la base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales». En el caso de los procesos matrimoniales y de menores contemplados en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 769 a 778), se valorarán en 18.000 €.

Por tanto, la tasa a pagar será:

1. Proceso verbal: 150 €.

2. Proceso ordinario: 300 €.

3. Recurso de apelación: 800 €.

4. Recurso de casación: 1.200 €.

5. Recurso extraordinario por infracción procesal: 1.200 €.

 

Conclusión

Estamos asistiendo a  un cambio en la concepción de la justicia con la creación de nuevos modelos de resolución de conflictos como la Mediación y el filtro de las Tasas judiciales para disminuir el coste económico de la Administración de Justicia y el alto volumen de expedientes judiciales que se acumulan.

El tiempo dirá si estas medidas hacen su cometido y cumplen los objetivos fijados. Mientras tanto, es importante conocer en cada caso qué procedimiento judicial o extrajudicial es el más adecuado y los beneficios económicos y emocionales que cada uno conlleva. De esta forma, se pueden salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos de forma más justa, rápida y económica.

Legislación

Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles

Ley 10/2012, de 20 noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

– Real Decreto-ley núm. 3/2013, de 22 de febrero, Modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

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