Las partes en la Mediación

Según la Ley 5/2012, de 6 de julio, sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles, «se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador». Sobre quienes pueden ser partes, la ley no dice más, limitándose a establecer los derechos y deberes.

Sin embargo de los principios generales deducimos que deben ser las mismas personas implicadas en la disputa, no pudiendo actuar representante alguno. El error en la persona, tanto un representante como cualquier otra que equivocadamente invite el mediador pensando que es parte del conflicto, invalida todo acuerdo a que se llegue. No obstante, hay excepciones en la representación que más adelante se explicará.

Es necesario que se trate de personas con plena capacidad para adquirir o ejercitar derechos y asumir obligaciones, según el principio del libre desarrollo de la personalidad, que les permita dirigir sus propios intereses o necesidades frente a los demás. Una persona que no tiene la capacidad para decidir por sí misma (tal es el caso de las personas declaradas incapaces judicialmente por enfermedad o deficiencias persistentes de carácter psíquico, las que actúan bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, aquellas tratadas con fármacos que disminuyen la capacidad, las que sufren ciertos síndromes, etc.), no está en igualdad de condiciones para llegar a un acuerdo porque su determinación está influenciada por la otra parte dominante.

 Cuando las partes inician un proceso de mediación actúan voluntariamente, con una voluntad manifiesta que se traduce en su presencia física ante el mediador y su declaración firmada en el Acta de inicio. La declaración, o comunicación, de formar parte en el proceso de mediación debe ser libre y espontánea, actuando de buena fe, diligentemente y en confianza. Por tanto, las partes deben ser personas que saben perfectamente lo que es la mediación, su finalidad, proceso y consecuencias para consentir formar parte del proceso. La información que se les proporcione ha de ser precisa y clara para no tomar decisiones equivocadas. En el caso de que una de las partes dude en aceptar la mediación, cuando exista cierta divergencia entre lo que desea y lo que expresa, el mediador ha de plantearse la posibilidad de no iniciar el proceso. Una de las situaciones más comunes es en mediación intercultural, cuando una de las partes no comprende bien el idioma y puede interpretar las palabras en sentidos diferentes. Igual ocurre durante el mismo. A veces se intenta forzar un acuerdo poniendo en un dilema a una de las partes para que acepte: no existe convencimiento total de que la decisión es la correcta. Cuando el mediador tiene conocimiento de la existencia de una voluntad distinta a lo que manifiesta una de las partes, igualmente debe continuar la mediación para que exista consenso real.

Tampoco se puede aceptar la incursión en mediación de aquellas personas que muestran una falta de seriedad, aceptando acuerdos que nunca van a acatar; personas violentas cuya finalidad es obligar a la otra parte a llegar a un acuerdo empleando una fuerza irresistible; las que intimidan inspirando el temor, real e infundado,  de sufrir un mal inminente y grave en la otra persona, el mediador o en la de terceros; y aquellos que pretenden, mediante la manipulación, dirigir la mediación hacia un acuerdo que le beneficie. En estos casos, todo acuerdo es nulo.

Casos excepcionales

 En la mayoría de los casos las partes suelen ser personas físicas mayores de edad con las actitudes y aptitudes necesarias para llegar a un acuerdo. Sin embargo, surge la duda en dos casos: los menores de edad y las personas jurídicas.

Los menores en mediación

Para que exista mediación deben darse los requisitos mencionados con anterioridad, sobretodo libre voluntad, el consentimiento y  la plena capacidad para adquirir o ejercitar derechos y asumir obligaciones. Sin embargo, el Código civil español establece que no pueden prestar consentimiento a) los menores no emancipados y b) los incapacitados.

Por lo que se refiere a los incapacitados legalmente, no pueden ser parte en mediación cuando no tienen plena capacidad para llegar a un acuerdo.  Estos se encuentran en una posición de desventaja con respecto a la otra parte y las decisiones que se tomaran no serían equitativas.

En cuanto a los menores, los que no han cumplido la mayoría de edad (en el caso de España dieciocho años), estos dependen de personas que ostentan la patria potestad y la tutela. A los menores se les considera incapaces de gobernarse a sí mismos, y sus representantes legales son los que actúan u obran por ellos (Díez-Picazo y Gullón). En base a esa protección, si un menor desea asistir a un proceso de mediación, es necesario el previo consentimiento del padre, madre o tutor legal. En el acta de inicio el menor deberá firmar junto a la persona que ostenta la patria potestad o tutela y dejando constancia que está autorizado.

Durante el desarrollo de la mediación, en base a que son las partes en conflicto las que deben intervenir en mediación, será siempre el menor el que asista. En la sesión final, nuevamente el padre, madre o tutor debe supervisar el acuerdo llegado, a fin de proteger los derechos del menor e impedir que su contenido le perjudique. Cuando va en contra de los intereses del menor, el representante puede solicitar que el acuerdo no tenga ningún efecto y, por tanto, no obligue al menor. En caso contrario, el menor puede firmar el acuerdo, dejando nuevamente constancia de que se realiza con autorización.

Si el menor firmara el Acta inicial de mediación y el acuerdo final sin el conocimiento del tutor legal, el proceso de mediación no es nulo en sí, ya que no se le puede anular su capacidad de obrar, pero puede ser impugnado y solicitar su anulación. Mientras no se dé este caso, la mediación surte todos los efectos jurídicos.

En el supuesto de que un menor de edad tenga dieciséis años y consiga la emancipación, la independencia, sí puede actuar sin consentimiento ya que jurídicamente le permite actuar por sí mismo como si tuviera la mayoría de edad.

Las personas jurídicas en mediación

Según la Real Academia Española, La persona jurídica es aquella «organización de personas o de personas y de bienes a la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones». En este sentido, el artículo 35 del Código civil establece que son personas jurídicas:

 1º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.
2º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

Al ser una organización constituida por varias personas, aunque tiene los mismos derechos y deberes que una persona física, se plantea el problema de quién puede ser parte en mediación. Ante la imposibilidad de que una corporación pueda intervenir físicamente, es necesario asignar un representante que tenga todos los poderes necesarios para actuar en nombre de la misma. Para ello hay que atenerse a lo que la Escritura de Constitución de la sociedad o los Estatutos de la Asociación determinen y, en su caso, lo que los socios o el Consejo de Administración decidan. En estos casos, propios de la Mediación mercantil, sí es posible la actuación de un representante como parte del proceso.

El representante firmará y dejará constancia de su condición como tal en las distintas actas, aportando documentación que acredite estar autorizado para actuar, decidir en nombre de la organización e intervenir en el proceso de mediación.

Igualmente es importante que el mediador preste atención a la legitimidad del representante ya que todo acuerdo llegado por alguien no autorizado puede ser nulo y tener consecuencias jurídicas negativas.

Bibliografía

Díez-Picazo, L. y Gullón, A. Sistema de Derecho Civil. Volumen I. Ed. Tecnos, SA. Madrid, 2012.

Moreno Quesada, B. y  Sánchez Calero, F.J. Curso de Derecho Civil II. Editorial Tirant lo Blanch. 2012.

Ruiz Rico y Ruiz Morón, J. y Orozco Pardo, G. La mediación familiar en el derecho español. Revista Mediara. Núm. 1. http://www.revistamediara.es/articulos/12/la-mediacion-familiar-en-el-derecho-espanol

Legislación española

– Código civil
– Código de Comercio
– Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, sobre Sociedades de Capital
– Ley 5/2012, de 6 de julio, sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles
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